Relator de la ONU: Defensores de DDHH en Perú corren “grave riesgo” por la criminalización

Michel Forts, invoco al Presidente de la República del Perú y al Gobierno a que se comprometan a adoptar un mecanismo multisectorial, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía nacional.

Me han conmovido profundamente todos los testimonios recibidos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades locales y campesinos quienes me contaron que suelen ser objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos. En muchos casos, señalaron que se les calificaba de «enemigos del Estado», «antigubernamentales» o «contra el desarrollo» si se oponían a los proyectos de desarrollo.

También me preocupa el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar a las personas defensoras del país, en particular a los que trabajan en defensa del medio ambiente, como Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cuzco, los 16 defensores y defensoras de Cajamarca que se enfrentan a cargos por participar en protestas o Máxima Acuña, una campesina que fue objeto de violencia policial por negarse a abandonar la tierra donde vive.

Estoy consternado por la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, por parte de las empresas o/y del Ministerio Público. En especial, me preocupa que se presenten cargos para desacreditar a los ronderos, quienes están reconocidos en el artículo 149 de la Constitución del Perú y la Ley N° 27908, como el profesional de medios de comunicación y rondero César Estrada, quien juegan un papel importante en la defensa de los derechos de sus comunidades.

También me impresionaron todos los testimonios recibidos de los pueblos indígenas sobre la falta de aplicación adecuada de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en lo que respecta a las consultas y el consentimiento libre, previo e informado. En este contexto, todas las personas defensoras que trabajan en el acceso a la tierra, los recursos naturales y las cuestiones ambientales, y los que hacen campaña contra los desalojos ilegales o forzosos en el contexto de los megaproyectos, corren un riesgo especial.

Me han contado que los guardias de seguridad o los agentes de la policía contratados por las empresas petroleras y mineras han amenazado en varias ocasiones con matar, acosar y atacar a los defensores y defensoras de derechos humanos durante las protestas pacíficas. Los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras también denunciaron casos en que las autoridades locales han actuado en colusión con el sector privado, y de casos en que empresas privadas han ayudado e instigado a la comisión de violaciones contra las personas defensoras de derechos humanos. También me reuní con los defensores y defensoras de derechos humanos que fueron desplazados internamente de sus comunidades o lugares de trabajo y no pudieron regresar por falta de seguridad.

También escuché varios testimonios de comunidades indígenas y campesinas afectadas por la minería y tala ilegal y la falta de comprensión y de protección por parte de las autoridades locales, la policía y el poder judicial. La comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya es un ejemplo emblemático. La defensa de sus derechos por la vía administrativa y legal, ha conseguido frenar – de momento – la tala ilegal en parte de sus territorios ancestrales y el reconocimiento de parte de los mismos. Las comunidades afectadas y aquellos que defienden sus derechos en este contexto tienen la necesidad imperiosa de ser protegidos y también necesitan acceso a una reparación adecuada.

Fuente: ACNUDH

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