Fiscal Pérez amplía el caso contra Keiko Fujimori y cita a 500 personas

El fiscal también decidió iniciar investigación preparatoria a Mark Vito Villanella después de que un colaborador eficaz revelara que financió la compra de vehículos para su empresa de transportes con dinero que “sobró” de la campaña de su esposa.

Entre noviembre de este año y de 2019, el fiscal José Domingo Pérez ha citado a más de 500 personas vinculadas con el financiamiento de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), para que respondan si han aportado el dinero que el partido fujimoristadeclaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ampliación de la investigación fue adoptada por Pérez después de que testigos protegidos y colaboradores eficaces, entre ellos los congresistas fujimoristas Rolando Reátegui Flores y Miguel Castro Grández, así como el reclutador de falsos aportantes Jorge Yoshiyama Sasaki, admitieron que decenas de donaciones de dinero son fraudulentas. Y que los fondos de origen desconocido fueron proveídos por Jaime Yoshiyama Tanaka y Keiko Fujimori.

A partir de la declaración del abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto Verástegui, circula la versión de que la defensa de la cúpula presentaría a un empresario peruano que declarará que él suministró el dinero de origen lícito para el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori. Pero según fuentes relacionadas con el caso, el argumento colisiona con la comprobación de la existencia de falsos aportantes que consumaron el delito de lavado de activos, al depositar a las cuentas de Fuerza 2011 dinero que no les pertenecía. La simulación es una característica básica del lavado de dinero.

Mediante la Disposición Nº 89, emitida el jueves ­­22 de noviembre, el fiscal Pérez amplía la investigación que alcanzará a más de 500 personas y representantes de empresas nacionales y extranjeras, que aparecen como aportantes en los registros de ONPE. De acuerdo con el documento fiscal al que tuvo acceso La República, la citación es obligatoria, y en caso de ausencia, la autoridad ha dispuesto el uso de la fuerza pública.

En la misma resolución, Pérez incluyó a Mark Vito Villanella por una grave imputación que ha formulado un colaborador eficaz que pertenecía al círculo de amigos íntimos del esposo de Keiko Fujimori.

NEGOCIO SOBRE RUEDAS

El fiscal José Domingo Pérez consideró de extrema importancia verificar las operaciones financieras de la empresa MNG Transportes que Villanella constituyó con personas de su círculo de amigos, que también están relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2011. De acuerdo con la versión del testigo, Villanella adquirió vehículos para su compañía con dinero que no se gastó en la contienda electoral de su cónyuge.

Por este motivo, Pérez resolvió iniciar una investigación preparatoria contra Villanella por presunto lavado de activos por un hecho nuevo, por lo que su situación legal podría cambiar radicalmente.

“Otro hecho que refiere el colaborador (eficaz) es que al finalizar la campaña electoral de 2011, Eduardo Privat Belleza comentó a Erick Matto Monge que Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, y Nikola Seremet (Slavkovic) se habían acercado a la oficina de Eduardo Privat, a la empresa Renault Trucks, para que compren cinco camiones Renault con el dinero que había sobrado de la campaña electoral, transacción que se habría efectuado con el nombre de la empresa MNG Transportes”, señala el fiscal Pérez en su resolución.

Este presunto caso de adquisición de vehículos con fondos que pertenecieron a Fuerza 2011, se conoció el 7 de noviembre cuando el colaborador eficaz se presentó ante las autoridades, dos días después de que el fiscal Pérez incluyera a Villanella en el caso de lavado de activos, el 5 de noviembre, por presunto ocultamiento de bienes.

Efectivamente, Mark Vito Villanella y sus amigos Nikola Seremet y Guillermo Bussalleu Pinillos constituyeron MNG Transportes con un capital de 240 mil soles, el 30 de septiembre de 2011, tres meses después de que Keiko Fujimori perdiera la segunda vuelta ante Ollanta Humala. Villanella aportó 96 mil soles.

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Según Pérez, este episodio no había sido referido por Villanella: “Por estos (…) (hechos) se considera como circunstancia fáctica de la presente imputación contra Mark Vito Villanella los actos de conversión y ocultamiento por la adquisición de los bienes mencionados”, señala el fiscal en la Disposición Nº 89 del jueves 22 de noviembre último.

PRONÓSTICO RESERVADO
Otro de los citados por el fiscal Pérez es el ex secretario general de Fuerza Popular José Chlimper Ackerman, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR). La situación de Chlimper es de pronóstico reservado después de que Keiko Fujimori declaró que no era el encargado de las finanzas del partido ni de la campaña; sin embargo, el presidente del directorio del Grupo RPP, Hugo Delgado Nachtigall, testificó que Chlimper le llevó a su oficina 210 mil dólares en efectivo de origen indeterminado para pagar la publicidad de la candidata. Chlimper negó públicamente el episodio, pero en un nuevo interrogatorio, Hugo Delgado entregó documentos y mencionó a los testigos que confirmaban que sí se produjo el suministro de los fondos. No obstante, Chlimper se resiste a renunciar al BCR y ha sido protegido por la mayoría fujimorista del Congreso.

Los abogados Arsenio Oré Guardia y Edward García Navarro, del Estudio Oré Guardia, que defendió a Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella hasta diciembre de 2017, también han sido requeridos por el fiscal José Domingo Pérez, conforme la Disposición Nº 89 del 22 de noviembre.

Edward García ha sido señalado por testigos protegidos de haber organizado un plan para que donantes fraudulentos de dinero para la campaña de Fuerza 2011, que habían sido citados por el fiscal Pérez para ser interrogados, ofrecieran falso testimonio y de esta manera intentar salvar de la acusación de lavado de activos a Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular. García, con dinero entregado por Jorge Yoshiyama Sasaki, reclutó a varios abogados para que hicieran el trabajo sucio. Por este motivo, el fiscal Pérez ordenó el allanamiento del bufete Oré Guardia.

Entre los citados se encuentran importantes hombres de negocios, propietarios o representantes de “empresas con capacidad de aporte”, como los describió el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, ante el fiscal José Domingo Pérez. Fue Barata quien dijo que intervino en reuniones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en las que se discutió el financiamiento de las campañas electorales. Como se recuerda, el brasileño afirmó que Odebrecht le entregó 200 mil dólares a Keiko Fujimori por intermedio de la Confiep. “(Eran) las empresas grandes, con volumen de operación en el país, con volumen de funcionarios. Empresas que podrían disponer de recursos necesarios para una campaña política”, dijo Barata.

De este grupo de empresarios los convocados por el fiscal Pérez son: Dionisio Romero Paoletti (Grupo Romero), Roque Benavides Ganoza (Yanacocha), Vito Rodríguez Rodríguez (Grupo Gloria), Ramón Barúa Alzamora (Grupo Interbank), Óscar Espinosa Bedoya (Grupo Ferreyros), Hans Flury Royle (Southern), Ricardo Rizo Patrón de la Piedra (Cementos Lima), José Graña Miró Quesada (Graña y Montero), José Picasso Salinas (Volcan), José Manzanares Gutiérrez (Telefónica), Carlos Rodríguez Pastor ( Grupo Interbank), Óscar Gonzales Rocha (Southern), José Ignacio de Romaña Letts (Volcan), entre otros (ver lista completa). Ellos han sido convocados entre el 11 de marzo y 19 de abril de 2019.

Varios de estos empresarios participaron en una reunión en las oficinas de Roque Benavides, en Minas Buenaventura, el 19 de abril de 2011, donde participó Jorge Barata por Odebrecht. En esa ocasión se habló de aportes a Keiko Fujimori. Pérez quiere saber cuánto dio cada uno y si ese dinero se declaró y bancarizó.

Una de las decisiones más relevantes del fiscal de Lavado de Activos es el requerimiento de la cooperación internacional para verificar el origen lícito de al menos 500 mil dólares transferidos a Fuerza 2011. Entre las transferencias se cuentan las que hizo Juan Luna Frisancho, quien constituyó en Delaware, Estados Unidos, la organización LVF Liberty Institute.

Con estas acciones el fiscal José Domingo Pérez se ha propuesto rastrear hasta el último centavo de los aportes al partido fujimorista, basado en la comprobación de donaciones fraudulentas, lo que califica como delito de lavado de activos.

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