Odebrecht y Pinheiro vendieron los peajes cuando estaban presos

Línea Amarilla de OAS fue comprada por la francesa Vinci Highways por US$ 1.430 millones y Rutas de Lima de Odebrecht por la canadiense Brookfield Asset Management por US$ 400 millones, permitiendo que las brasileñas salvaran sus inversiones de la acción de la justicia peruana.

El presidente de la constructora OAS, José Adelmário Pinheiro, más conocido como Léo Pinheiro, y el titular de la empresa que lleva su apellido, Marcelo Bahia Odebrecht, cumplían condenas de 16 y 19 años de cárcel, respectivamente, en el momento en que sus empresas vendieron a corporaciones extranjeras las concesiones de los peajes Línea Amarilla y Rutas de Lima. No obstante, Odebrechtcumple prisión en su casa desde diciembre del 2017.

Cuando OAS y Odebrecht traspasaron las suculentas concesiones de los peajes, estas constructoras brasileñas protagonizaban uno de los escándalos de corrupción más grandes del mundo: Lava Jato, cuyos tentáculos enredaban a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y a las gestiones ediles de Luis Castañeda y Susana Villarán.

Las operaciones comerciales se efectuaron durante la gestión del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, a cuya administración le correspondía pronunciarse sobre los contratos entre Línea Amarilla (OAS) y la francesa Vinci Highways, por US$ 1.430 millones, y entre Rutas de Lima (Odebrecht) y la canadiense Brookfield Asset Management, que según personas que participaron en la operación sería de US$ 400 millones. Estas transacciones se dieron estando presos los propietarios de las constructoras.

Venta desde la prisión
El proceso en Brasil contra Léo Pinheiro empezó a dar frutos el 14 de noviembre del 2014, cuando fue detenido. Su sentencia llegó el 5 de agosto del 2015, a 16 años y 11 meses, por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y participación en crimen organizado. Se ha convertido en colaborador eficaz y ofrece información de los sobornos pagados tanto en su país como en el nuestro. Hasta el momento ha declarado que financió las campañas de Susana Villarán, en cuyo mandato se arregló la concesión de los peajes de Línea Amarilla. Hasta hoy sigue preso.

El caso de Marcelo Odebrecht ha sido diferente. El 9 de junio de 2015 fue detenido y el 8 de marzo del 2016 fue condenado a 19 años y 4 meses de carcelería por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita. Sin embargo, el 19 de diciembre del 2017 dejó la prisión para cumplir arresto domiciliario.

Un año después de ingresar a prisión Pinheiro, su empresa OAS remató Línea Amarilla a Vinci Highways. En el caso de Odebrecht, el 14 de agosto del 2016, cuando ya estaba sentenciado, se anunció que la brasileña, propietaria del 57% de Rutas de Lima, vendió su participación por alrededor de 2 mil millones de dólares a la canadiense Brookfield Asset Management.

Venta sin resistencias
En el informe en minoría del congresista Juan Pari de junio del 2016 –antes que OAS y Odebrecht vendieran Línea Amarilla y Rutas de Lima– se advirtió que las concesiones que habían recibido ambas constructoras eran lesivas para los intereses de la Municipalidad de Lima y que beneficiaban en extremo a las compañías brasileñas. Pero la francesa Vinci Highways y la canadiense Brookfield Asset Management asumieron los riesgos y adquirieron las concesiones.

Pari cuestionó que las autoridades ediles actuaran contemplativamente ante dos operaciones financieras que pondrían a buen recaudo millonarias y ventajosas concesiones de peajes obtenidas mediante presunto pago de sobornos, mecanismo que practicaban con frecuencia Odebrecht y OAS, según los avances de las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.

Fuentes del municipio limeño también confirmaron que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada emitió un informe técnico que advertía de las deficiencias de las concesiones y recomendaba acciones legales inmediatas, pero que los llamados fueron desoídos en la gestión de Castañeda. Las nuevas empresas concesionarias Vinci Highways y Brookfield Asset Management informaron que contribuirán con las indagaciones de las autoridades sobre Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Además de la acusación contra Villarán por haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña por el No a la revocatoria y su reelección como alcaldesa, el Equipo Lava Jato tiene adelantada una investigación del caso de presuntos pagos de sobornos de Léo Pinheiro de OAS a altos funcionarios de la gestión de Luis Castañeda por una favorable renegociación de la concesión de Línea Amarilla y así facilitar la venta a la francesa Vinci Highways.

El traspaso de las concesiones de Rutas de Lima a Brookfield Asset Management y de Línea Amarilla a Vinci Highways en la gestión de Castañeda no estuvo desprovisto de problemas. La Contraloría General de la República emitió auditorías cuestionando los acuerdos de Castañeda con los concesionarios porque perjudicaba a los usuarios de los peajes.

El 30 de abril del 2018, la Contraloría reportó que en diciembre del 2016 la concesionaria Vías Nuevas de Lima, antes Rutas de Lima, aumentó las tarifas de los peajes “sin haber cumplido con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión”, en consecuencia “tal situación le permitió tener ingresos adicionales de 305 mil dólares mensuales. La Municipalidad Metropolitana de Limano aplicó la penalidad correspondiente al concesionario, generando una potencial pérdida de 642 mil dólares”.

Según la Contraloría, Castañeda permitió que la concesionaria no cumpliera con las obras complementarias que debía ejecutar obligatoriamente por 91,5 millones de dólares, lo que contribuyó a que el concesionario perciba 44,3 millones de dólares “al margen del contrato, afectando al usuario público”. A todas luces, un tremendo negocio.

El Dato
– No cumplió. La Contraloría hizo observaciones a la gestión de Luis Castañeda por no haber fiscalizado el cumplimiento de la concesión que debía acatar Línea Amarilla, hoy en manos de Vinci Highways. Los reportes exigen a Castañeda que siga escrupulosamente las recomendaciones de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la municipalidad limeña, lo que implica una advertencia de eventuales irregularidades.(LaRepublica)

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