OEFA en riesgo por demanda de mineras ante el TC

Mineras ya no tendrían control: Alegan que aporte por regulación es ilegal, si el Tribunal Constitucional lo acepta, OEFA ya no tendría recursos para ejecutar su labor.

El próximo viernes 29, el Tribunal Constitucional (TC) escuchará el informe oral de la minera Cerro Verde por la demanda de ilegalidad que presentaron contra los aportes por regulación al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Luego, el ente constitucional debería pronunciarse sobre este caso emblemático.

Sin embargo, desde el año pasado está pendiente que el TC resuelva una pretensión similar de la empresa Perubar.

Ambas mineras alegan que estas contribuciones no tienen mandato legal. Pero la Ley Nº 27332 promulgada el 2000 crea el aporte por regulación, y la Ley Nº 30011 permite dicha cuota.

También está el Decreto Supremo 130-2013-PCM, que fija el monto de dicha aportación, el mismo que no debe pasar del 1%, y se liquida de acuerdo a la facturación de las empresas. Así, las compañías mineras y las hidrocarburíferas contribuyen con 0,15%, mientras que las de energía eléctrica entregan 0,11%.

Se debe resaltar que la Corte Suprema ya ha señalado que este decreto, cuestionado por Cerro Verde y Perubar, es constitucional.

Además, los procesos entablados en contra de estos aportes fueron declarados improcedentes en primera y segunda instancia del Poder Judicial.

Efectos negativos
Si el Tribunal Constitucional acogiera la pretensión de ambas empresas mineras, las consecuencias serían nefastas para el ente fiscalizador.

Este organismo dejaría de percibir la mencionada contribución y tendría que devolver todo lo que recaudó desde el año 2014 no solo a las empresas mineras sino también a las de hidrocarburos, transporte, electricidad, que son las áreas que fiscaliza.

Asimismo, sin el aporte por regulación, OEFA no podría cumplir con su función de verificar los impactos que generan las actividades de estas empresas. En el 2017, funcionarios de dicha entidad señalaron que constituye el 75% de su presupuesto.

En su oportunidad, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible indicó que los fondos para realizar labores de fiscalización ambiental provienen del propio fiscalizado, ya que al haber creado riesgos socioambientales debe asumir el costo de su control y supervisión por la OEFA, pagando para este fin un monto en aplicación del principio de internalización de costos.

El Dato
Querellas. Otras empresas mineras como Buenaventura, Raura, Minsur, Gold Fields La Cima y Southern Perú, así como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), también presentaron demandas contra el aporte para la fiscalización.(LR)

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