Zeballos: «Walde debe irse, pero decisión le compete al Poder Judicial”

"Hay que diferenciar materias y roles: a la Procuraduría le compete velar por la reparación civil y el resto es materia y responsabilidad del Ministerio Público".

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se pronuncio a favor de que el actual jefe de la OCMA, Vicente Walde, abandone dicha institución luego de que se revelara un audio en el que le pide al exjuez supremo César Hinostroza que interceda a favor de una conocida suya.

¿Es correcto que el jefe de la OCMA, Vicente Walde, se pronuncie por un tema que es materia de un proceso judicial, al decir que el expresidente Alberto Fujimori debería tener arresto domiciliario?

Voy a entender que está ejercitando el derecho ciudadano de opinar. En principio los funcionarios estamos sometidos a un marco normativo. Parece que debe ser entendido como una apreciación desde una perspectiva personal, mas no institucional.

Entrevista la República

Sin embargo, se trata de un juez supremo.

No podemos de una manera u otra evitar que tenga una corriente de opinión.

Pero ahora se conoce un audio del jefe de la OCMA con el prófugo César Hinostroza, a quien le pide un puesto laboral para una conocida suya. ¿Qué le sugiere esto?

Este es otro hecho sumamente grave y delicado que ahonda aún más la grave y severa crisis en que se encuentra comprometida la administración de justicia porque, una vez más, se evidencia una grave y comprometedora circunstancia, un tráfico de influencia, un favorecimiento. Y más aún cuando se está asumiendo una delicada responsabilidad, en este caso la de liderar la OCMA. Y en este cargo no tiene más de 30 días.

Con estos cuestionamientos graves, ¿puede continuar en el cargo? ¿No debe irse?

Sí, pero ese deslinde de responsabilidades le compete autónomamente asumirlo al Poder Judicial. Creo que, obviamente, todo esto debilita la gestión tan delicada como la que ejerce la Oficina de Control de la Magistratura que debe velar por la idoneidad y probidad de los jueces del Poder Judicial. En este caso, con esta denuncia, definitivamente el Poder Judicial y la Sala Plena tienen que tomar decisiones inmediatas.

¿Una decisión inmediata no debería ser retirarlo del cargo o que renuncie?

Esa decisión la debe tomar el Poder Judicial. No queremos que nuestra opinión pueda entenderse como interferencia a las decisiones que tiene que tomar independientemente.

Legalmente, ¿qué corresponde en estos casos?

Ya acontenció un hecho similar que propició la salida del doctor Duberlí Rodríguez en la presidencia del Poder Judicial en julio del año pasado y entonces asumió la responsabilidad el doctor Víctor Prado. Se tomó respuesta inmediata a una circunstancia crítica y se declaró en emergencia al Poder Judicial. En este caso esperamos que haya esa misma actitud, en salvaguarda de la idoneidad que debe gozar toda autoridad del sistema de justicia.

Otro tema en debate es el acuerdo con Odebrecht. Un sector, promovido por el fujimorismo, considera que es desventajoso porque solo reconoce la reparación civil por perjuicios por sobornos en cuatro proyectos, cuando hay denuncias por muchos más. ¿Por qué convendría este acuerdo?

En primera instancia, los contenidos y alcances de este acuerdo fueron puestos a la consideración pública en diciembre pasado por los fiscales Pérez y Vela y el procurador Ramírez. De aquel entonces no ha variado nada. El hecho nuevo es que se ha mostrado un documento que tiene carácter reservado. Quien lidera la investigación es el Ministerio Público y este documento tiene un carácter privado que va a permitir que la Fiscalía pueda recabar insumos, delaciones, documentos, instrumentos que deslinden responsabilidad, permitan profundizar la investigación y, en su momento, sancionar a los que estén inmersos en los delitos de corrupción. Asimismo, hay que diferenciar materias y roles: a la Procuraduría le compete velar por la reparación civil y el resto es materia y responsabilidad del Ministerio Público. Otro aspecto es que según lo expresado por los fiscales hay una reparación civil que asciende a los 610 millones, que ha despertado inquietud…

Porque meses atrás se habló de cifras mayores.

Hay que precisar algunas cosas importantes. Cuando se habló de 1.500 millones de dólares y 4.500 millones de soles como reparación fue en un contexto diferente. En primer lugar, no había la Ley 30737 y, en segundo lugar, se hablaba de todos los proyectos, no solo los cuatro incluidos. Y en tercer lugar, se hablaba de todas las empresas y no solamente de Odebrecht. Pero ¿esto significa que no se va a investigar a los demás? No olvidemos que hay 46 investigaciones en curso en el Ministerio Público.

Si las normas en que se basa el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht fueron aprobadas por la mayoría de Fuerza Popular, ¿por qué ahora las cuestionan?

La pregunta se cae de madura. El acuerdo de colaboración eficaz, ¿qué implicancias futuras tendrá? Facilitar las investigaciones, ayudar a esclarecer los hechos y, obviamente, deslindar las responsabilidades que se encontraran. Además hay un cronograma de declaraciones en Brasil. El 18 de febrero se inician y continúan en marzo con las declaraciones de Barata. Esto nos da una clara señal de que hay alguien que se siente amenazado por esta información que se va a recabar y que, por esa razón, está tratando de neutralizar, de alguna manera, la continuidad de este proceso interrogatorio.

¿Cómo cobrarle a Odebrecht por todo el daño causado?

Si bien se habla de cuatro proyectos, esto no implica que sean los únicos; son los cuatro en que Odebrecht acepta que hubo corrupción. Pero esto se va a determinar en el curso de las investigaciones. Si en estas se determina que hay delitos en otros proyectos, obviamente se va a ampliar la investigación.

Artículos relacionados

Verifica también

Cerrar
EN ES